ACOPI pide reglas claras y seguridad jurídica frente al salario mínimo 2026
Barranquilla, Febrero 13 de 2025
ACOPI pide reglas claras y seguridad jurídica frente al salario mínimo 2026
Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI, expresamos nuestra preocupación por la incertidumbre e inseguridad jurídica que se genera tras la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.
El Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y, como medida cautelar, ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar un decreto sustitutivo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la notificación, con el fin de fijar un porcentaje y valor transitorio que regirá mientras se adopta una decisión de fondo en el proceso.
Esta situación impacta especialmente a las microempresas, que somos quienes más contratamos y pagamos en el rango del salario mínimo. Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos, lo que afecta la planeación financiera y la estabilidad operativa.
Para nosotros, la prioridad inmediata es evitar que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores. Por ello, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, garantizando claridad normativa y seguridad jurídica.
Las micro, pequeñas y medianas empresas necesitamos estabilidad normativa. Una decisión judicial de esta naturaleza debe traducirse en claridad inmediata para que podamos cumplir nuestra obligación de pagar oportunamente, y para que los trabajadores tengan certeza sobre su remuneración. La economía real no puede operar en un limbo jurídico.
Reiteramos que la fijación del salario mínimo debe realizarse con un enfoque integral, considerando productividad, inflación, capacidad de pago empresarial, realidad sectorial y regional, y, especialmente, el impacto sobre la formalidad laboral. La sostenibilidad del empleo formal es un objetivo social tan importante como el poder adquisitivo. Si el ajuste se desborda frente a la capacidad de las empresas, el riesgo es mayor informalidad, menor contratación y cierre de unidades productivas.
Desde ACOPI nos mantendremos en las mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo y continuaremos informando al empresariado sobre las orientaciones que se deriven del acto transitorio que se expida, con el propósito de garantizar cumplimiento, estabilidad laboral y continuidad empresarial. ACOPI NACIONAL
El Consejo de Estado suspendió los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y, como medida cautelar, ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar un decreto sustitutivo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la notificación, con el fin de fijar un porcentaje y valor transitorio que regirá mientras se adopta una decisión de fondo en el proceso.
Esta situación impacta especialmente a las microempresas, que somos quienes más contratamos y pagamos en el rango del salario mínimo. Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos, lo que afecta la planeación financiera y la estabilidad operativa.
Para nosotros, la prioridad inmediata es evitar que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores. Por ello, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, garantizando claridad normativa y seguridad jurídica.
Las micro, pequeñas y medianas empresas necesitamos estabilidad normativa. Una decisión judicial de esta naturaleza debe traducirse en claridad inmediata para que podamos cumplir nuestra obligación de pagar oportunamente, y para que los trabajadores tengan certeza sobre su remuneración. La economía real no puede operar en un limbo jurídico.
Reiteramos que la fijación del salario mínimo debe realizarse con un enfoque integral, considerando productividad, inflación, capacidad de pago empresarial, realidad sectorial y regional, y, especialmente, el impacto sobre la formalidad laboral. La sostenibilidad del empleo formal es un objetivo social tan importante como el poder adquisitivo. Si el ajuste se desborda frente a la capacidad de las empresas, el riesgo es mayor informalidad, menor contratación y cierre de unidades productivas.
Desde ACOPI nos mantendremos en las mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo y continuaremos informando al empresariado sobre las orientaciones que se deriven del acto transitorio que se expida, con el propósito de garantizar cumplimiento, estabilidad laboral y continuidad empresarial. ACOPI NACIONAL