ACOPI Atlántico manifiesta su preocupación ante el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Alejandro Char, que propone un nuevo ajuste al Estatuto Tributario del Distrito de Barranquilla. A menos de un año del último aumento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), se plantea otro incremento significativo con el objetivo de financiar el plan de desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024 – 2027.” Este segundo ajuste en tan corto tiempo no es usual y podría tener efectos adversos para el tejido empresarial de la ciudad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El primer semestre de 2024 mostró avances y retos para la economía colombiana. Aunque el PIB creció un 2,1% en el segundo trimestre, sectores como las industrias manufactureras se contrajeron en un 3,6% en lo corrido del año. La inflación, aunque moderada al 4,1% anual, sigue siendo un desafío, mientras la tasa de desempleo se redujo al 9,8%, reflejando una recuperación limitada por la persistencia de alta informalidad y precariedad laboral. En cuanto a las MiPymes, los datos de la Encuesta de Desempeño del Observatorio Nacional de la MiPyme de ACOPI muestran un deterioro en producción, ventas y empleo respecto al año anterior, evidenciando un entorno desafiante que limita su capacidad para sostenerse y crecer.

El proyecto de ajuste tributario propone incrementos considerables en las tarifas del ICA para actividades esenciales de la economía, algunos de los cuales ya experimentaron incrementos importantes en los últimos años:

1. Producción de cervezas y bebidas alcohólicas (código 103): Esta actividad vería un incremento en la tarifa del ICA del 11 por mil en 2024 al 30 por mil en 2025, lo cual representa un aumento del 172.7% en solo un año. En comparación con 2020, cuando la tarifa era del 7 por mil, el aumento total es de 328,6%.
2. Construcción de edificios residenciales o no residenciales (código 104): La tarifa del ICA pasaría de 11 por mil en 2024 a 25 por mil en 2025, un aumento del 127.3% en un año y del 257.1% en relación con 2020, cuando era de 7 por mil. Este incremento sustancial podría desincentivar la inversión en el sector de la construcción, que es clave para la generación de empleo y el desarrollo urbano.
3. Producción de gas y prestación de servicios públicos (código 305): Esta actividad esencial vería su tarifa incrementarse del 15 por mil en 2024 al 25 por mil en 2025, lo que significa un aumento del 66,7% en un año y del 150% en comparación con la tarifa de 2020, que era de 10 por mil.
4. Actividades de telecomunicaciones (código 306): En esta actividad, el ICA aumentaría de 20 por mil en 2024 a 30 por mil en 2025, un incremento de 50% en un año y de 200% en comparación con 2020, cuando la tarifa era de 10 por mil.
5. Venta de combustibles y lubricantes, libros y papelería (código 202): La tarifa del ICA aumentaría de 7 por mil en 2024 a 10 por mil en 2025, lo cual representa un incremento del 42.9% en un año.
6. Generación y distribución de energía (código 304): La tarifa subiría de 15 por mil en 2024 a 20 por mil en 2025, un incremento del 33,3% en un año y del 100% en comparación con la tarifa de 2020, que era de 10 por mil.
7. Producción de alimentos y otros productos (código 101): el ICA aumentaría de 7.4 por mil en 2024 a 9 por mil en 2025, lo que representa un incremento de 21.6% en un año y de 66.7% en comparación con la tarifa de 2020, que era de 5.4 por mil.

Estos incrementos se proponen en un momento crítico para las MiPymes, que ya enfrentan presiones significativas debido a la contracción en sectores como el manufacturero y el aumento de los costos operativos influenciado por los precios internacionales de alimentos y combustibles. En este contexto, un incremento adicional en el ICA podría representar una carga insostenible para muchas empresas, limitando su capacidad de generar empleo y contribuir a la economía local.

Este nuevo ajuste fiscal, en medio de un escenario económico difícil, exige una reflexión holística sobre el impacto que puede tener en la estabilidad de las empresas y en la generación de empleo local, por lo que es vital que se evalúen alternativas que permitan financiar los planes de desarrollo sin comprometer la viabilidad de las empresas que sostienen la economía local

Desde ACOPI Atlántico, hacemos un llamado respetuoso al alcalde Alejandro Char y al Concejo de Barranquilla para reconsiderar la magnitud de estos incrementos y su impacto en la competitividad de la ciudad. Además, instamos a que, en su ejercicio legislativo, se considere la importancia de integrar normativas clave para el sector empresarial y la ciudadanía en general dentro de su agenda regulatoria tal como lo recomienda el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Función Pública en el marco normativo del CONPES 3816 de 2014 y la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).