Panorama Laboral en Colombia Junio 2024: Desempleo, Brechas de Género y Oportunidades para las MiPymes
Las cifras recientes del DANE reflejan los signos de desaceleración económica que enfrenta el país, con un impacto directo en la reducción de empleos. En junio de 2024, la tasa de desocupación en Colombia alcanzó el 10,3%, lo que representa un aumento de un punto porcentual en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando era del 9,3%. Esta situación también afecta a las MiPymes, ya que, según nuestra Encuesta de Desempeño Empresarial del Observatorio Nacional de la MiPyme, en el primer trimestre de 2024, cada MiPyme, en promedio, redujo tres empleos.
Por otro lado, en términos de género, la brecha persiste con una diferencia de 4,5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, siendo del 12,9% para las mujeres y del 8,4% para los hombres. Cabe resaltar que las MiPymes contribuyen al cierre de esta brecha, ya que el 29,1% de ellas contrataron mujeres en el primer trimestre de 2024.
Al analizar la generación de empleo por actividad económica, se destaca las Industrias Manufactureras que contribuyeron con 153 mil empleos, seguido por información y comunicaciones con 124 mil, alojamiento y servicios de comida con 85 mil.
A nivel regional, ciudades como Arauca (29,9%), Mocoa (27,2%) y Quibdó (26,2%) presentan las tasas de desempleo más elevadas, lo cual podría explicarse por la alta conflictividad en estos territorios. La violencia y la inestabilidad afectan negativamente la economía local, limitando las oportunidades de empleo y disuadiendo la inversión.
En cuanto a la informalidad, el 56% de la población ocupada se encontraba en esta condición, indicando la persistencia de este desafío estructural en el país.
Ante esta panorámica, del incremento de la tasa de desocupación y la persistente alta informalidad laboral, que históricamente supera el 55%, demuestra la urgencia de implementar un plan de reactivación económica construido desde el sector empresarial, implementando políticas y estrategias que incentiven la inversión privada en actividades productivas que tengan impacto en el crecimiento económico del país y en el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población.